NUESTRO COMPROMISO POLÍTICO CON EL COSMOS

Sesenta millones de personas quiere decir que hacia mediados del próximo siglo casi se habrá duplicado la población actual, pero esa cifra representa más o menos el mismo número de habitantes que hoy posee la Gran Bretaña (58,6 millones de personas). Nuestro país, sin embargo, alcanza una extensión de un millón 141 mil 748 kilómetros cuadrados (1´141.748 kms²), mientras la Gran Bretaña tiene apenas 241,590 kilómetros cuadrados de área, es decir, apenas un poco más de la quinta parte del territorio colombiano.

El principal reto que debemos afrontar los colombianos durante el próximo siglo consiste en garantizar, en un escenario de paz integral, las condiciones que permitan satisfacer las necesidades de esa población en aumento, en términos de ser, tener, hacer y estar, así como de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.

Existe casi consenso en el sentido de que el crecimiento económico y la redistribución de los beneficios del desarrollo, constituyen requisitos sin los cuales será imposible superar los niveles crecientes de pobreza y marginalidad que hoy caracterizan la realidad colombiana. 

Sin embargo, está demostrado tanto a nivel nacional como mundial, que el desarrollo tal y como está siendo concebido y ejecutado, no solamente no permite satisfacer las necesidades humanas y reducir las enormes y cada vez más grandes brechas existentes entre los ricos y los pobres, sino que genera nuevas formas de pobreza (cultural, ambiental, espiritual), nuevas amenazas y nuevas vulnerabilidades.

Es decir que, vista la humanidad como conjunto, el desarrollo no está conduciendo ni a una mejor calidad de vida ni a una mayor felicidad humana, como tampoco a unas relaciones más armónicas entre nuestra especie y otras especies vivas, ni a formas más adecuadas de interacción con el entorno, y mutuamente más seguras tanto como para los ecosistemas como para los seres humanos.

Nuestro reto, entonces, consiste en redirigir el desarrollo (y con él el crecimiento económico) hacia lo que en los últimos años se ha venido a denominar sostenibilidad, en todas las dimensiones y con todas las implicaciones que hemos descrito a lo largo de este documento.

Ese reto incluye, entre otras, las siguientes responsabilidades:

1. Desarrollar y apropiarnos de una ética de la vida, para la vida y por la vida. De una bioética que se convierta en brújula que oriente el comportamiento individual, social y ambiental de los colombianos y que, con participación protagónica del sector educativo en todas sus modalidades y de los medios de comunicación, nos debe contribuir a reorientar de manera mucho más comprometida y profunda, el sentido de aquello que alguna vez se denominó "civismo y urbanidad" (y que necesariamente debemos complementar con los conceptos de "campesinismo" y de "ruralidad".) No se trata de incrementar la carga formal de los currículos escolares, sino de reorientar la educación, la comunicación, la información, la producción material e intelectual, la creación cultural y, en general, todas las actividades que constituyen nuestro ser, nuestro hacer, nuestro tener y nuestro estar, a partir de la responsabilidad histórica que nos cabe a las generaciones presentes, de cambiar el rumbo del país o de permitir su disolución violenta por carencia de viabilidad. Un lema contundente en este sentido podría rezar: Sostenibilidad o Disolución.
2. Enmarcar los acuerdos nacionales que conduzcan a la paz, dentro de la convicción y el compromiso colectivo en el sentido de que el crecimiento económico --y en general la dinamización de las fuerzas productivas y sociales--, debe llevarse a cabo con criterios claros y expresos de sostenibilidad global, que no afecten (ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo) ni la capacidad de autorregulación de los ecosistemas, ni su biodiversidad, ni la capacidad de organización, de participación y de decisión de la sociedad civil, ni su diversidad étnica y cultural. 
3. Garantizar la presencia y la influencia activa de la perspectiva de género en todas las negociaciones y decisiones concertadas.
4. No perder nunca de vista el carácter diverso, multiétnico y pluricultural de la nación colombiana (lo cual se traduce en la necesidad de que los acuerdos logrados tengan capacidad de adecuarse y aplicarse según las particularidades de cada región y de cada comunidad y que no sólo respeten, sino que expresa y activamente contribuyan a la consolidación positiva de esas particularidades).
5. Establecer como parte de esos acuerdos, mecanismos concertados entre los distintos actores y sectores de la sociedad, que tengan como objetivo definir la manera como los colombianos, de manera consciente, solidaria, creativa y responsable, nos podamos integrar a unos procesos aparentemente irreversibles de globalización que no está en nuestras manos evitar, pero sí encarar con alternativas adecuadas, de manera tal que éstos no nos sigan conduciendo a la insostenibilidad económica, social, política, ecológica y cultural, y de los cuales podamos obtener todos los beneficios posibles. Entre otros de esos beneficios, destacamos el acceso a información (a través de redes como el www o Internet), el intercambio de saberes, la capacidad del pensamiento local para incidir sobre la gestión ambiental a nivel global ("Pensar localmente y actuar globalmente"), la protección del consumidor nacional, el aprovechamiento de ventajas comparativas de Colombia en el mercado mundial, la realización de "alianzas estratégicas" para el desarrollo sostenible con potenciales aliados internacionales, etc., etc.
6. Adelantar como una política de Estado, un programa de reforma agraria integral y definitivo, con un plazo límite predeterminado, que permita que las próximas generaciones de colombianos no continúen heredando una situación crónica de inequidad en la cual tienen sus raíces gran parte de los conflictos sociales que impiden el desarrollo sostenible en Colombia. Dicho programa deberá partir de una evaluación de la estructura de la propiedad agraria en el país y de los efectos reales que han tenido los anteriores y actuales planes de reforma agraria en términos de sostenibilidad global, con el objeto de aprender tanto de los éxitos como de los fracasos, y deberá adelantarse no solamente como compromiso aislado de un Ministerio (Agricultura) y de una entidad (Incora), sino como el resultado de un gran acuerdo entre el Estado, el sector productivo y financiero, los gremios, las organizaciones sociales –especialmente campesinas y étnicas--, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones ambientalistas y, en general, la sociedad civil, así como también con los actores armados del conflicto. Deberá comprometer a los actores internacionales verdaderamente interesados en contribuir a la búsqueda de caminos viables hacia la paz en Colombia y, como ya se indicó, deberá regirse por criterios de sostenibilidad global, que miren al país en su conjunto (dentro de una perspectiva de ordenamiento territorial, entendido el territorio en sus múltiples dimensiones) y a la economía dentro de la cual los habitantes del campo están insertos, como un sistema complejo y dinámico, para participar en el cual deberán garantizarse eficiencia, eficacia, rentabilidad, productividad, y competitividad (en la producción, en el mercadeo, en la reinversión de los beneficios, etc.). Así mismo deberá tener en cuenta no solamente la función social de la propiedad en sus distintas modalidades, sino también su función ecológica (que constituye una dimensión inseparable de la función social).
7. Redefinir bajo la óptica de la sostenibilidad global, el significado y las implicaciones y aplicaciones de conceptos como los mencionados de eficiencia, eficacia, competitividad, rentabilidad y productividad. Lo anterior incluye la necesidad de incorporar a esos conceptos el sentido del largo plazo y la consciencia de nuestra responsabilidad ética, social y ambiental. En el caso de la rentabilidad, por ejemplo, ésta no se puede medir solamente en términos económicos (inversión versus ganancia), sino también en términos ecológicos, culturales y sociales. Especial responsabilidad poseen en este sentido las universidades y demás instituciones educativas y de formación profesional dedicadas a preparar profesionales y técnicos en los distintos campos del saber, al igual que las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, encargadas de promover el desarrollo, así como los organismos financiadores.
8. Llevar a cabo una reforma política profunda que vaya más allá de la mera transformación formal de los partidos y que se traduzca en condiciones que faciliten la construcción de una verdadera democracia participativa en Colombia. Esto debe incluir, entre otros puntos:

• Consolidar el Estado como servicio público por excelencia y como patrimonio inalienable de la comunidad. En la práctica esto significa reconocer que una de las causas de la violencia y de la des-institucionalización que caracterizan a la Colombia de hoy, radica en que el Estado, sus instituciones y sus recursos, han adquirido la condición de botín de guerra de los caciques políticos, lo cual desvirtúa la esencia de su función social.
• Concretar en los hechos la separación entre Gobierno y Estado, con el fin de garantizar la continuidad de las políticas estatales más allá de los periodos de los cargos de elección popular.
• Eliminar la intermediación clientelista como requisito para poder acceder a los servicios del Estado y para poder ejercer los derechos que la Constitución Nacional consagra a favor de todos los ciudadanos y ciudadanas.
• Garantizar la participación política de las minorías y el ejercicio de la oposición.
• Reconocer que la corrupción en todas sus formas constituye una de las principales --si no la más grave-- formas de contaminación ambiental y uno de los principales atentados contra la calidad de la vida de los colombianos.

1. Garantizar que el monopolio de las armas esté en manos exclusivas del Estado y que el uso de la fuerza por parte de éste se realice de manera LEGÍTIMA, TRANSPARENTE, RESPONSABLE y CONTROLADA, respetando los derechos humanos y teniendo como objetivo último garantizar la sostenibilidad política, social e institucional de la sociedad colombiana.
2. Abolir el servicio militar obligatorio, profesionalizar las fuerzas militares y desarrollar las normas que crean el servicio social y el servicio ambiental de los jóvenes con el objeto de formar MILITANTES DE LA VIDA y GESTORES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE tanto en los campos como en las ciudades. El Estado y los actores armados del conflicto deberán comprometerse como parte de las negociaciones de paz (y aún antes de lograr los acuerdos definitivos), a respetar la vida y la integridad de los jóvenes, hombres y mujeres, que prestan el servicio social y el servicio ambiental aún en zonas de conflicto armado.
3. En términos específicos de la gestión ambiental el reto se concreta, entre otras, en las siguientes expresiones:

• Definir entre los distintos actores sociales, y especialmente entre los actores armados del conflicto, criterios que permitan en lo posible adelantar una adecuada gestión ambiental en los territorios de guerra, con el propósito evidente de garantizar que una vez sembrada la paz, exista todavía una naturaleza para que ésta germine. Lo anterior incluye las garantías necesarias para la vida y la integridad de quienes desde el Estado o desde la sociedad civil se dedican a impulsar una gestión ambiental hacia la sostenibilidad.
• Definir criterios que garanticen una adecuada gestión ambiental en los territorios dominados de hecho por los actores armados.
• Garantizarle a la sociedad civil espacios y mecanismos eficaces de participación en los diferentes escenarios de la gestión ambiental. En tal sentido, el Consejo de Gabinete del Ministerio del Medio Ambiente acaba de aprobar los "lineamientos para una política de participación ciudadana en la gestión ambiental", a partir de los cuales el Estado y la sociedad civil deben avanzar conjuntamente en la construcción de una verdadera gestión participativa, como parte de la consolidación de la democracia y de la construcción de la paz.
• Por su parte, corresponde a la sociedad civil no solamente llenar esos espacios de contenido real, sino también ganar capacidad para incidir de manera eficaz sobre el proceso legislativo y, de llegar a darse, sobre el nuevo proceso constituyente, de manera tal que en todas y cada una de las correspondientes actuaciones y decisiones se tengan en cuenta criterios de sostenibilidad y se evalúe el impacto potencial de cada actuación y de cada decisión sobre los ecosistemas y quienes los habitan o dependen de ellos.
• Continuar con el proceso de creación, consolidación y aplicación de un sistema integrado de cuentas económicas y ambientales, que permita determinar y valorar los servicios ambientales que prestan algunos ecosistemas (así como las regiones en las cuales estos se encuentran) y que resultan mucho más importantes y significativos en términos de sostenibilidad local, regional y nacional, que cualquier otra actividad extractiva o productiva que se realice en los mismos. De esta manera, y también desde la óptica del ordenamiento territorial, se podrán establecer políticas y estrategias tendientes a compensar la inequidad que afecta a varias regiones de Colombia (y a las comunidades que las habitan), que simultáneamente son las más ricas en recursos y servicios ambientales y las más pobres en términos de necesidades básicas insatisfechas y en calidad de vida de sus pobladores. La mayor parte de las "propuestas de desarrollo" formuladas para dichas regiones (como la Costa Pacífica colombiana) se basan en criterios económicos ortodoxos, que lejos de solucionar en el largo plazo las inequidades existentes, les sumarán la pobreza ambiental y harán más vulnerables desde todo punto de vista a la zona y a sus comunidades. Resulta paradójico, para citar otro ejemplo, que muchas de las regiones en donde se produce el agua que alimenta a las grandes centrales hidroeléctricas que proveen de energía a otras zonas del país, no tengan posibilidad para acceder al fluido eléctrico. El mecanismo del pago de regalías a las Corporaciones Autónomas Regionales por parte de las centrales hidroeléctricas no ha sido suficiente para compensar dicha inequidad. Un sistema adecuado de cuentas ambientales permitirá determinar el valor de los servicios ambientales que presta una determinada región y la manera como las regiones beneficiarias de esos servicios deben contribuir a la respectiva compensación.
• El Estado debe comprometerse a dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos a través de documentos ya suscritos por el Gobierno Colombiano, como son, entre otros, la Agenda 21 (suscrita durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo llevada a cabo en Río de Janeiro en 1992) y el "Plan de Acción" surgido de la Cumbre de las Américas sobre Desarrollo sostenible llevada a cabo en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) a finales de 1996. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y a las organizaciones de la sociedad civil difundir esos documentos, y a la comunidad presionar al Gobierno para lograr, de manera conjunta, que los compromisos adoptados se conviertan en realidad.
• Los actores armados de la guerra en Colombia deberán acoger y observar la "Convención sobre prohibición de usos militares y de uso hostil de cualquier técnica de modificación ambiental" (ENMOD), así como los "protocolos adicionales" de la Convención de Ginebra, en virtud de los cuales se prohibe la utilización de medios de guerra dirigidos a causar daños severos, extendidos y con efectos de largo plazo sobre el medio ambiente natural.

En caso de darse un nuevo proceso constituyente, deberá llenarse el vacío que quedó en la Constitución Nacional de 1991 en el sentido de que así como se reconoce que la propiedad privada debe cumplir una función ecológica a la par que una función social, se reconozca que la soberanía nacional se debe ejercer con responsabilidad planetaria y en función de garantizar la sostenibilidad de la Tierra.